En los primeros 12 meses de vigencia del impuesto a los bienes inmuebles, unos 28 mil agricultores se verían obligados a dejar de producir.
Se trata del efecto que ocasionaría el aumento de hasta un 1.400% en el valor de las tierras que entró a regir a inicios de este año.
Aunque en buena teoría esa estructura de cobro deberían tenerla en vigencia los 81 municipios en 2012, a la fecha solamente 21 aplican ese cálculo.
La oscura proyección fue hecha por las principales agrupaciones de productores agropecuarios, ante lo que ellos denuncian como un bloqueo de parte de ciertos diputados al proyecto de ley que exoneraría de ese tributo a quienes producen alimentos.
Dicho proyecto contiene modificaciones sobre cómo se cobra dicho impuesto y reduce en al menos un 75% el valor actual de la propiedad.
Para los productores, el que a algunos de ellos se les estén cobrando sumas excesivas por las tierras, debido a la cercanía de desarrollos inmobiliarios importantes, advierte el efecto nocivo que tendría la tasación de las tierras de uso agrícola.
“Si no se aprueba ese cambio, el nuevo modelo para tasar los terrenos va a llevar a la ruina a los agricultores nacionales”, expresó Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Agricultores (Upanacional).
Esto no solo va a crear desempleo, sino que pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país. Ya estamos importando el 60% de lo que nos comemos, y con esto habrá que traer de afuera al menos un 80% de la comida, afirmó el productor cafetalero.
Los representantes del sector productor aclararon su anuencia a que se tase el grueso de las tierras sobre una nueva base impositiva.
“No estamos en contra del impuesto. Estamos contra el método que calcula el valor de las tierras con precios inflados por el boom inmobiliario”, señaló Alvaro Sáenz, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Agricultura.
A la voz de los productores se suma la de Gloria Abraham, ministra de Agricultura, quien afirma que el proyecto en estudio haría un gran favor al país.
“No sabemos por qué las señoras y señores diputados no han dictaminado el proyecto”, sentenció la jerarca.
Es una manera de garantizar que los costarricenses sigan contando con una alimentación balanceada y fresca, eso es fundamental, afirmó.
La propia Ministra fue quien llevó al seno legislativo la iniciativa que permitiría reducir el monto que pagarían los agricultores por sus tierras.
A pesar de la negativa que han mostrado los legisladores oficialistas, Abraham sostiene que de no darse movimiento en su aprobación en las próximas semanas, existe el compromiso de la Presidencia para que forme parte de los proyectos extraordinarios que se verían en diciembre.
El proyecto lleva semanas siendo analizado por una subcomisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, integrada por los legisladores Annie Saborío, Ernesto Chavarría y Joaquín Porras.
Al cierre de esta edición no fue posible obtener un criterio de alguno de los diputados responsables.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net
FUENTE: http://www.larepublica.net/
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