El vicepresidente Danilo Astori mantiene la postura contraria al proyecto pero entendió que el envío al Poder Legislativo de esta iniciativa descomprimía una situación de bloqueo en el seno del Ejecutivo y que se debía permitir que el presidente José Mujica cumpliera su propósito.
Ahora, el tema pasa al Parlamento, donde legisladores del Frente Líber Seregni tienen previsto evitar una rápida aprobación y dar el debate sobre la conveniencia del impuesto y la coherencia entre la reforma y el régimen tributario creado por el primer Gobierno de izquierda.
El diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, dijo a El Espectador que existen antecedentes de otros proyectos cuyo tratamiento fue de varios meses, plazo en el cual el texto sufrió varios cambios respecto al original. Dijo, además, que esta semana los legisladores del sector astorista analizarán el contenido del proyecto.
La iniciativa fue con la firma de todos los ministros, pero fuentes frenteamplistas recordaron que los ministros de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, que es del Nuevo Espacio, el de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, que integra Asamblea Uruguay, y el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, sin filiación político partidaria, manifestaron a Mujica que discrepan con el texto e incluso con el resultante de las modificaciones introducidas en las últimas semanas.
Eso quedó claro este mediodía cuando la presentación del proyecto no fue hecha por los ministros del área impositiva, agropecuaria o de obras públicas, sino por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni.
“El proyecto consta de dos partes uno el impuesto a la concentración de inmuebles rurales con destino departamental a través de la comisión sectorial de descentralización y una segunda parte una modificación de compraventa de inmuebles a partir de la reforma impositiva en donde se agrega la valorización real de ese inmueble hasta el día de la fecha”, explicó Frugoni.
Según el texto, con el nuevo impuesto se pretende gravar a los predios que superan las 2.000 hectáreas con un índice Coneat 100. La iniciativa se sustenta en la valorización que ha tenido a tierra en los últimos años y contribuirá a mejorar la infraestructura rural.
Los gravámenes previstos en el texto son por franjas. Para predios de 2.000 a 5000 hectáreas, el impuesto es de 67 Unidades Indexadas (UI) por hectárea (US$ 8 dólares), para los campos de entre 5.000 y 10.000 hectáreas, el impuesto es de 100 UI por hectárea (unos US$ 12) y para las extensiones mayores de 10.000 hectáreas, el impuesto es de 135 UI (US$ 16) por hectárea.
El impuesto cuenta con una segunda parte que modifica el gravamen a la compra-venta de inmuebles que generará fondos para el Instituto de Colonización (INC). La OPP estima que se recaudarán por este mecanismo unos US$ 60 millones, que se destinará a reparar la caminería rural y las vías de acceso a establecimientos industriales y comerciales.
Frugoni añadió que la segunda parte del proyecto modifica los tributos a la compra-venta de inmuebles rurales y estimó que por este mecanismo se recaudarán unos US$ 20 millones adicionales, cuyo destino previsto es el de financiamiento a proyectos del Instituto Nacional de Colonización.
Asamblea Uruguay y otros grupos del Frente Líber Seregni, que responde a la línea del vicepresidente Danilo Astori, no definieron el día que se reunirán para considerar la estrategia a seguir en el tratamiento del proyecto, pero algunos legisladores consultados dijeron que seguramente lo harán esta semana.
El diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, dijo a El Espectador que un punto a considerar es si el nuevo proyecto es coherente con la reforma tributaria que hizo el Frente Amplio en el Gobierno de Tabaré Vázquez.
”Lo vamos a estudiar a la luz de lo que es su coherencia con el nuevo sistema tributario, que el FA implemento en el país en 2007, y que es nuevo porque se puede adaptar paso a paso pero no puede ser contradictorio con el mismo, manteniendo sus equilibrios y tiene que formar parte con el resto del sistema y las políticas publicas exitosas del Gobierno”, sostuvo el diputado.
Asti dijo que también se analizará si la iniciativa tiene coherencia con los objetivos que dice perseguir.
“Veremos si los dos instrumentos manejados van en la dirección de disminuir la concentración de la tierra. La forma de liquidar la renta en la compra venta de inmuebles va en esa línea pero hay que estudiar el otro tema el incremento por hectárea arriba de las 2000 hectáreas”, señaló Asti.
El legislador del grupo de Astori destacó que no hay una definición a priori de acompañar el proyecto de ley como forma de satisfacer el planteo del presidente Mujica. “El ejemplo es el proyecto de participación público-privado (PPP), el cual vino con iniciativa del Ejecutivo y hubo un estudio de cinco meses en hacienda que vistió el esqueleto del Ejecutivo. Todos los sectores aportamos y quedo plasmado en el texto final. Esto es lo que pretendemos de esta idea”, sentenció.
FUENTE: http://www.espectador.com/
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